:: J U R I S M A D R I D ::

Home >> Listado de artículos doctrinales >> Artículo doctrinal

EL EMPLEADO PÚBLICO Y LA CRISIS ECONÓMICA Las hipotecas “subprime” y la crisis del sistema financiero, la pérdida de posición acreedora preferente en la UE y el incremento creciente del endeudamiento público, el aumento de la inmigración, el paro creciente y la concentración de la riqueza en pocas manos y el descontrol del comercio electrónico globalizado han relanzado el déficit público y estan ahogando a las administraciones públicas y a los ciudadanos que pierden en bienestar y lo que es peor en su derecho a vivir. Emergen las fuerzas privadas organizadas mundialmente desean y ahora le toca el turno a los funcionarios públicos mientras se debate a la vuelta de la esquina el despido libre y las políticas económicas cercanas a las multinacionales y a los mercados globalizados. Los servicios públicos son gestionados en su mayoria por empleados públicos concepto más amplio que el de funcionarios públicos y que no coincide con el de afiliados políticos. Sus remuneraciones son conocidas, por ser públicas y, normalmente, son inferiores a las que se perciben en los lugares de trabajo del sector privado. No voy a tratar el tema de las diferencias entre unos y otros,lo que hay que retener es que para ser funcionario de carrera (subespecie de los funcionarios públicos a la que hay mayor aspiración) hay que realizar un esfuerzo de estudio, nada fácil, que solo obtiene su compensación cuando al participar en una oposición, con cientos de aspirantes, se consigue “en propiedad” una de las plazas convocadas por la Administración Pública. Los sueldos de éstos funcionarios se publican en las leyes anuales de presupuestos que en teoria los garantizan porque el gasto público debe ser invertido en las partidas y conceptos institucionalmente aprobados. Las leyes presupuestarias impulsan la transparencia y el control de la ejecución del gasto público aprobado. Hay muchos organismos, òrganos y funcionarios inciden en este control. Mal asunto cuando otros organismos internacionales deben venir a hacer estos deberes. El ejecutivo español, muy criticado por los sueldos de diputados, directivos y políticos en general ha decidido actuar sobre el conjunto de empleados públicos, especialmente aquellos que ocupan plazas de técnico, cuyo sueldo es reducido por encima del porcentaje de reducción aplicado a notarios y procuradores, con una enorme reducción de sueldo y trienios en la paga del mes de diciembre de este año y con la congelación, de entrada, para el año 2011. A ver que experto no reconoce en ello una pérdida de poder adquisitivo ya generada en los últimos años dónde ha tenido que soportar congelaciones e incrementos irrisorios desajustados del IPC territorial. Hay una crisis de proyección mundial, ¿pero qué sabemos de la crisis? La crisis se da a conocer con unas hipotecas denominadas subprime implantadas en USA. Este tipo de hipoteca es, según Ana Ariza: “una hipoteca considerada de riesgo por la limitada condición económica del prestatario (aquel a quien se concede)”. El prestatario presenta, dice: “unas condiciones fuera de lo que una entidad bancaria normal aceptaría, bien porque no tiene un trabajo estable, bien porque justo empieza, bien porque sus ingresos no son recurrentes o porque no se pueden demostrar mediante nominas, recibos, etc”. Fabián Sinibaldi, nos informa que: “la Reserva Federal (el Banco Central de USA), bajó, hace unos años, la tasa de referencia a niveles históricos (menores al 1%), lo que hizo que el crédito se abaratase tanto para las empresas como para los particulares, dándole un gran impulso. Ante esta situación, las entidades financieras comenzaron a otorgar créditos hipotecarios a largo plazo y a muy bajo costo, teniendo como garantía viviendas que por la alta demanda se mantenían en valores elevados y tendiendo a subir mes a mes. El bajo costo del dinero hizo que muchas entidades redujeran los requisitos para el otorgamiento de estos créditos hipotecarios, prestando dinero a personas que no tenían la solvencia adecuada. Este tipo de hipotecas son las denominadas “subprime” o de riesgo o, en la jerga económica, HIPOTECAS BASURA”. En USA se equivocaron quienes pensaban que la demanda de viviendas se mantendría constante tendiendo al alza, logrando que los valores de los inmuebles sobre los cuales recaían el derecho de la hipoteca se mantuvieran altos y que en el caso de morosidad o incobrabilidad se recuperaría el crédito otorgado. Sucedió lo impensado: las tasas entraron en una espiral alcista y se genero un “bubble game” de los estadounidenses con su sector inmobiliario en ausencia de regulación estatal lo que permitió toda clase de operaciones con los créditos hipotecarios. Ante ello, según los expertos: “los bancos cedían las hipotecas subprime a fondos de inversión y a fondos de pensiones, vendiendo deuda y dando como garantía las hipotecas y la insolvencia en las hipotecas llevó a los fondos a anunciar pérdidas”. Como efecto, los bancos estadounidenses dejaron de prestar alegremente dinero y, consecuentemente, la gente dejo de disponer del mismo provocando una disminución del consumo y la crisis llega a las empresas, que al tener menos beneficios o dejar de tenerlos suben menos los salarios o despiden a la gente. Con la titulación hipotecaria se incorporaron las hipotecas basuras al conjunto de los sistemas financieros, el de España, entre ellos. Las empresas privadas y las administraciones públicas españolas resultan afectadas; los presupuestos públicos no soportan estos hechos y menos cuando se suman otros gastos por acontecimientos excepcionales. La Unión Europea descubre que en Grecia se falsean datos y que se oculta una grave situación económica a la que el resto de países europeos, entre ellos España, Irlanda, y Portugal, en aplicación de las previsiones del Tratado de Lisboa, van a ayudar con unos importantes desembolsos económicos de posible recuperación en un futuro. Los ordenadores de los brokers hacen chispas y los mercados de valores se hacen sentir. Como hay paises europeos más deficitarios que otros, la Unión Europea exige a España -que la preside- la adopción de medidas claras y inmediatas para frenar el déficit público y la consecuencia es que con nula participación interadministrativa (interna), se adoptan nuevas medidas anticrisis entre las que destaca la reduccion salarial de los empleados públicos. Pero España no esta sola en esta cruzada de reducción del déficit presupuestario, los Gobiernos de la eurozona, también Reino Unido, han debido sacar la tijera para ahorrar 217.900 millones. Lo resume perfectamente el diario El País con la siguiente información: ESPAÑA: Recortes en el gasto: Reducción de un 5% de media en el sueldo de los funcionarios en 2010 y sin subidas en 2011. Congelación de los pensiones el próximo año. Menos inversión en infraestructuras, dinero para las autonomías y cambios en la Ley de Dependencia o Ayuda al Desarrollo.Impuestos: Subida del IVA en dos puntos con lo que su tipo general pasa del 16 al 18%. El tipo unificado de los impuestos al ahorro aumenta del 18% al 19%, y al 21% para los rendimientos que superen los 6.000 euros. /PORTUGAL: Recortes en el gasto: Congelación de los salarios de los funcionarios y rebaja en un 5% de los sueldos de los políticos. También ha paralizado algunas de las inversiones en infraestructuras más emblemáticas como la conexión por AVE con España. Impuestos: El IVA aumentará un 1% en todos los escalones y el tipo normal pasará del 20% al 21%. El nuevo impuesto del rendimiento de las personas físicas (IRS) se incrementará en un 1% para los salarios de hasta 2.375 euros mensuales y un 1,5% para los que estén por encima de ese valor. El impuesto a las empresas tendrá una tributación autónoma del 2,5% para las más grandes, sobre todo las instituciones financieras. El impuesto sobre el capital aumentará un 1,5% para los tipos de interés de los depósitos a plazo, lo que afectará también a los dividendos. /ITALIA: Recorte del gasto: El Gobierno congelará tres años los salarios de los funcionarios, el mismo tiempo que estará sin contratar a nuevo personal. En los altos cargos, rebaja los sueldos entre un 5% y un 10%. En total, prevé un recorte del gasto del 10% en los ministerios, donde también elimina los contratos de asesoría. En las pensiones, reduce de cuatro a una las ventanas que dan acceso a las pensiones, lo que obligará a miles de ciudadanos a aplazar al menos seis meses su retiro. Restricciones en las ayudas a los discapacitados. En la clase política también hay recortes, ya que reduce la subvención a los partidos de un euro a 50 céntimos por elector. Los ayuntamientos, que sufrirán más control de las pérdidas de sus empresas asociadas, no podrán patrocinar a clubes deportivos. Impuestos: Aunque no sube impuestos, menos para las cuotas fiscales de las opciones por acciones y los bonos variables en el sector privado, que suben un 10%, sí tiene previsto incorporar algunas medidas fiscales. Se trata de redoblar la lucha contra la evasión (aunque el otoño pasado se aprobó una amnistía para los capitales fugados). Para ello, se obliga a los profesionales a facturar todos los servicios por encima de los 3.000 euros y se restringen los pagos en metálico hasta los 5.000 euros. También obliga a regularizar los dos millones de inmuebles no registrados, y endurecer el control sobre las loterías y apuestas. También se harán nuevos peajes en las circunvalaciones de las ciudades. /GRECIA: Recortes en el gasto: El Gobierno reducirá en un 16% los salarios públicos mediante la eliminación total de dos pagas extraordinarias, cuando en el primer plan de austeridad solo planteaba bajarlas, y recortes en los complementos. También reducirá las pensiones, incrementará el periodo de cotización y elevará la edad de jubilación a partir de 2011 hasta los 67 años para los hombres, actualmente está en 65 años para los varones y en 60 para las mujeres, que también aumentará. A lo largo de 2010, el Ejecutivo reducirá un 10% los seguros sociales. Impuestos: El IVA volverá a subir hasta el 23% en su tipo general. El Gobierno griego ya aumentó este tributo del 19% al 21% en marzo. También ha aumentado los impuestos especiales de carburantes, tabaco y bebidas. /IRLANDA: Recortes en el gasto: El Ejecutivo de Dublín centra su plan de consolidación fiscal por la parte del gasto, donde ha bajado un 5% el sueldo de los funcionarios para los próximos dos años. El Gobierno también se ha recortado sus propios salarios un 25%. Los gastos sociales bajan un 5%, salvo pensiones.Impuestos: Al contrario que la mayoría de sus socios, Irlanda ha bajado el IVA desde el 21,5% al 21%. Por el lado contrario, ha creado una nueva tasa verde sobre los carburantes. /ALEMANIA: Recortes en el gasto: El Gobierno está estudiando un plan de austeridad, aunque de momento no ha trascendido dónde piensa sacar la tijera. Según algunos medios, su objetivo es ahorrar 10.000 millones al año de aquí a 2016. Impuestos: Se ha pospuesto hasta 2012, como mínimo, la rebaja fiscal prometida. /FRANCIA: Recorte del gasto: El Gobierno congelará el gasto público para los tres próximos años. Además, los costes operativos estatales se reducirán un 10% en tres años. También ha anunciado que retrasará la jubilación de 60 a 63 años a largo plazo. Impuestos: Retirada de estímulos fiscales este año. Con vistas al futuro, el presidente Nicolas Sarkozy está dispuesto a poner en marcha un gravamen extra destinado a las rentas más altas y a los rendimientos de capital con objeto de engordar la hucha de las pensiones. /REINO UNIDO: Recorte del gasto: El Ejecutivo ha anunciado la congelación de hecho de la contratación de nuevos funcionarios. No obstante, la medida más mediática es la supresión de los coches oficiales a los miembros del Gobierno (incluyendo lo que en España se conoce como secretarios de Estado), lo que conllevará un ahorro de 5,8 millones de euros. También ha dado orden de prohibir a los funcionarios viajar en primera clase, lo que permitirá recortar gastos por 11,6 millones de euros. Dentro del apartado viajes, ha adelantado que reducirá esta partida, que comparte con los servicios de consultoría, en 1.350 millones. Otras medidas afectan a los Gobiernos locales, que dejarán de gastar 1.350, o los Ejecutivos autónomos de Escocia, Irlanda del Norte y Gales (820 millones de euros), aunque pueden retrasarlo un año. En el apartado social, recorta los llamados Child Trust Funds, unas cartillas de ahorro con dinero público para los recién nacidos (370 millones de euros). Impuestos: Subida del IVA del 15% al 17,5% y aumento del 0,5% en las cotizaciones sociales. /Consecuentemente, las medidas no son idénticas en todos los paises y la gran mayoria de estos apunta a partidas de gasto diferentes de los sueldos de funcionarios y las pensiones. En España, sabemos que la Constitución impone un Estado de Derecho y que somete la administración pública, entre otros, al principio de legalidad. En el contexto presupuestario ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria que: “es el texto jurídico de referencia en la regulación del funcionamiento financiero del sector público estatal” establece que las políticas de gasto: “pasan a ser el elemento nuclear de las asignaciones de los recursos, la evaluación de la gestión y el logro de los objetivos y se prevé que las asignaciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efectúen tomando en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores”. Asimismo, define los presupuestos generales del Estado como “ el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico que corresponde liquidar en el ejercicio presupuestario que será coincidente con el año natural”, el Tesoro Público como “conjunto de los recursos financieros de la Hacienda Pública Estatal” y la Deuda del Estado “constituida por el conjunto de capitales tomados a préstamo por el Estado”, lo que nos identifica el endeudamiento. La ley establece que los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a esta ley. Los artículos 14 y 21 del Estatuto Básico del Empleado Püblico (EBEP) establecen que: “los empleados públicos tienen derecho a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio” y que “las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deben reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos”. En este contexto jurídico y presupuestario se aprueba por razones de urgencia poco explicitadas el RD Ley 8/2010 cuya medida más significativa es la de reducir el sueldo ya informada sin contraprestación, por imperativo legal y con el fin de destinar recursos a otros gastos, rompiendo la regla de inaplicabilidad de ingresos dedicados al pago de gastos de personal a otros capítulos (art. 14.uno). Para hacer la medida más eficaz se elevaran los tipos tributarios del IRPF. El personal laboral, altos cargos incluidos, tienen concesiones a la espera de la negociación colectiva o exclusiones via disposición adicional novena. Los cargos políticos i diputados también resultan afectados pero sus sueldos fueron objeto, en su dia, de importantes subidas y, además son titulares de otras prevendas para compensar (dietas, etc.). A los notarios y registradores se les rduce un 5% el importe de los derechos facturables de cuantía determinada. La reducción, comparativamente, es inferior a la de los otros funcionarios que son los únicos que van a tener otra importante reducción no anunciada en la paga extraordinaria del mes de diciembre (50% de la misma). Las medidas no son progresivas ni atienden a la realidad económico familiar de cada uno de ellos sino al hecho de pertenecer a un cuerpo o grupo determinado lo que comporta un desajuste poco plausible en democracia. Los antecedentes inmediatos son una reducción de consejeros y directivos en el sector público empresarial y el gran descubrimiento de la instrumentalización del Derecho, impulsada por el señor Blanco, en el caso de los controladores aéreos que acabó con la fijación de una jornada anual para el colectivo de 1.750 horas y que afecta levemente la calidad de vida de aquellos. Nada que ver con la armonización de la reducción de sueldo a los empleados públicos que afecta especialmente al colectivo técnico. Se mantienen los asesores personales, se crea la figura del personal directivo permanente (fuera de los cuerpos y escalas y sin necesidad de oposición), se mantienen exenciones y bonificaciones para eventos, subsisten subvenciones millonarias a determinadas asociaciones, entramos en gasto electoral por la existencia de referéndums poco unificados, se mantienen al unísono plurales inversiones caras que además conllevan un elevado grado de mantenimiento y poco efectivas para el empleo y todo ello en un contexto de: “dureza y profundidad de la crisis económica”, “compromiso de sostenibilidad de las finanzas públicas”, “compromisos adoptados por España en el seno de la UE” o de “importancia de los gastos de personal dentro de los gastos corrientes”, justificaciones que no pueden convencer porque ya fueron previstas en los Presupuestos de 2010 por el Estado y las Autonomias. Circunstancia explicada por la vicepresidenta primera del Gobierno, señora Fernández de la Vega, cuando informó que los Presupuestos de 2010 se enmarcaban en un contexto de crisis y que por ello eran: “austeros, comprometidos con el cambio de modelo y con un marcado carácter solidario” y que, además, eran \"realistas, rigurosos, equitativos y habían sido elaborados pensando en los más perjudicados por la crisis económica”. Las medidas principales que, entonces, fueron adoptadas para hacer frente a la crisis las explicó la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, señora Salgado: “el IVA reducido subirá un punto, hasta el 8%, mientras que el general lo hará en dos puntos, hasta el 18%, y se espera una recaudación adicional de 5.150 millones de euros, la supresión de la deducción de los 400 euros en el IRPF que aportará, previsiblemente, unos 5.700 millones de euros y el aumento de la tributación de las rentas del ahorro -del 19% para los primeros 6.000 euros y del 21% para el resto- que han de permitir recaudar 800 millones de euros más”. Por todo ello, las nuevas medidas anticrisis, salvo error en el cálculo de las anteriores, deben fundamentarse en otros hechos posteriores y no previsibles en el momento de aprobar los presupuestos para el año 2010. Y estas circunstancias que no pasan exclusivamente por la situación de Grecia no han sido explicadas con la veracidad que requiere la ciudadania soberana y contribuyente. Tampoco se ha justificado el por qué unas medidas y no otras y ya hemos visto como los países de la UE no resultan afectados de idéntica forma y que los afectados tampoco han actuado de igual forma, una cosa es congelar (acompañada de una congelación de los precios) y otra reducir lsueldos públicos costosamente ganados. La corrupción no es sinónimo de funcionario, los corruptos deben ser despojados de cualquier vínculo interno o externo con la administración. La visión de la crisis por los diferentes organismos mundiales también justifica diversidad de opinión en el cómo se ha de actuar. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “España debe implementar sus planes de consolidación fiscal con una reducción del déficit fiscal a un siete por ciento de PIB en 2011 y embarcarse en una reforma para poner sus cuentas públicas en orden”. Para la ONU: “se recuperan de la crisis con mayor firmeza las economías latinoamericanas”. Para el Fondo Monetario Internacional España debe hacer reformas urgentes y decisivas en el mercado laboral y en el sistema bancario porque su visión de la economía española es la de \"un mercado laboral disfuncional, una burbuja inmobiliaria venida a menos, un gran déficit fiscal, un enorme nivel de endeudamiento externo y del sector privado, un anémico crecimiento de la productividad, una competitividad débil y un sector financiero con bolsas de debilidad\". Aunque un día después matzó porque “un excesivo celo en los planes de austeridad también puede ser contraproducente”. Más significativa me parece la opinión del comisario responsable del Mercado Interior de la UE, señor Michel Barnier, que ha apoyado la creación de un nuevo impuesto a los bancos que debe garantizar una gestión ordenada de las insolvencias sin desestabilizar el sistema financiero porque: \"es inaceptable que los contribuyentes tengan que seguir soportando la pesada carga del salvamento del sector bancario\" ya que: “los contribuyentes no deben encontrarse en primera línea para pagar los errores de las entidades financieras”. Pese a ello, la Unión Europea no ha reducido las remuneraciones de sus empleados o funcionarios ni las de sus diputados. Al contrario, recientemente, se ha informado que van a ser obsequiados con unos libretos IPAD que pueden comportar un gasto proximo a los 500.000€. En conclusión, las medidas aprobadas por el Gobierno español derivan de una crisis real, de un endeudamiento público y de la creación de generaciones sustentadas en contrato basura con poca o repetida manifestación de gasto y nula incidencia en conumo. En cuanto a las medidas anticrisis, no constan debidamente justificadas ni se razona el porqué de estas y no otras. La UE debe encabezar la reactivación teniendo en cuenta que estamos en una montaña rusa y que debe predicar con el el ejemplo, no en vano la economia es su terreno natural de actuación; en este sentido fuera conveniente asistir a la reducción de su gasto, a la mejor redistribución de sus ingresos (incrementados con la subida del IVA), a reorganizar sus estructuras, a dar mayor protagonismo de control, en tiempo real, a su Tribunal de Cuentas y, en definitiva a ser más eficaz en la adopción de normas (amplio sentido) económicas y comerciales que es lo que requiere, en definitiva, un espacio económico únicos. En otro caso podemos entrar en una fase caótica de negación de su válidez. En España, debe darse marcha atrás en aquellas decisiones que se han demostrado erróneas por empeorar el déficit y hay que enfrentarse con rigor atemas como el del control del gasto especialmente en la contratación pública ordenando y periodificando aquellas que por su dimensión afectan al gasto público; basta ya de obras por todos los lados y a previos desorbitados, ni 3% ni dinero negro, hay que crear el tribunal contable de la obra pública que ha de conocer en tiempo real del conjunto de obra aprobada, en ejecución y finalizada sin tolerar desviaciones de precios. Todo pago final debe contar con su fiscalización. Hay que evitar reducir los sueldos del personal que desarrolla el servicio público y que garantiza su prestación y que asume una parte del consumo. Alguien me puede explicar como se puede reducir y congelar sueldos y mantener convocatorias para nuevos nombramientos; parece más lógico reducir a la màxima expresión estas convocatorias sin perjucio de actuar en la consolidación de plaza por el personal interino competente. Hay que retroceder en la medida de la eliminación de anuncios en la televisión pública por el perjuicio que ello comporta para los presupuestos públicos; caben soluciones intermedias que permitan mantener un alto nivel de ingresos sin subordinación a los intereses privados y respetando los derechos de los telespectadores. Se hace, asimismo, necesario un control del gasto en I+D+i porque las ayudas deben siempre supeditarse al cumplimiento de objetivos de interés colectivo. Hay que evitar nuevas formas de empleo público y lograr que todas las plazas se supediten al cauce de la convocatoria trasparente y igualitaria. Y que decir de la necesaria armonización de los sueldos de diputados y alcaldes. También hay que reconocer la incidencia que sobre los presupuestos siempre tiene el incremento de población, en nuestro caso muy relacionado con la inmigración la que consta y la que no consta oficialmente. En este terreno hay que asegurar el respeto por los valores sociales implantados constitucionalmente en España, admirados en otros países, después de estoicos esfuersos sociales y jurídicos. La nacionalidad, lamento decirlo así, no puede venir en patera y el acogimiento de los derechos constitucionales requiere juramento de ser acatados. En el voto, siendo consciente de las diferencias, no olvidemos que nuestros hijos esperan 18 años para tener derecho a emitirlo. Para el economista y auditor señor Jose Luis Pérez, invita a hacer las modificaciones legales oportunas para que las entidades de crédito contabilizen como activo los bienes inmuebles embargados (aunque sea el 50% de su valor de tasación) para obligarles, posteriormente, dentro de un plazo preestablecido, a vender. Se trataria de poner fin a la retención de estos activos a la espera de una revalorización, de faciltar el acceso a la vivienda a mejor precio (hay que evitar inversores y subasteros) y de reactivar nuevos préstamos por lo atractivo del precio de estas viviendas. Con el dinero obtenido las entidades de crédito deberían hacer frente obligatorio a sus deudas exteriores (endeudamiento), reduciendo la carga pública y mejorando en confianza y fortaleza, es decir, animando el mercado financiero mejor regulado. Hay mucho por hacer y, en cualquier caso, el sueldo es el más importante recurso de manutención personal y familiar y no debe ser sacrificado sin que se justifique haberse agotado cualquier otra posibilidad relacionada con las otras partidas de gasto. Las crisis sistemicas, expresión del profesor Niño Cabrera, ni tienen fecha aunque permiten repensar la acción hasta ahora desarrollada para corregir los graves errores en que han incurrido los gestores económicos. fperezl@inves.es (correo no autorizado a efectos de publicidad).

02-06-2010 Enviado por FERRAN PEREZ

<< Volver al listado