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EL BLANQUEO DEL DERECHO Los que apreciamos la ciencia social del Derecho vemos con tristeza el flaco favor que a su carácter científico y de servicio común se viene realizando en los últimos años. Es como si el desarrollo del pluralismo político fuese incapaz de atender al compromiso global, plural, democrático y sobretodo justo (de ahí la justicia) que comporta su creación y posterior empleo.
Superado el miedo al pasado e inscritos en el mundo democrático avanzado, en un entorno jurídico, económico y social europeo, rebajamos el orden o ola naturaleza de las cosas cuando asistimos, con reincidencia, al uso más ilícito y premeditado del ejercicio del poder, del uso de la autoridad, del ejercicio de la competencia, la función o la potestad. Hemos alcanzado un punto en el que, por necesario ajuste a la realidad, debemos plantearnos el concepto del Derecho y debatir incluso sobre si persiste o no su carácter científico. Ahora mismo, no es erróneo el predicar un carácter meramente instrumental del Derecho. El carpintero dispone de sierras, el mecánico de llaves i el político de la Ley. El Derecho deviene en un instrumento en mano de hombres que ejercen funciones políticas al haber conseguido un número de votos suficientes en unas elecciones donde gana últimamente la abstención. Estos hombres, sabedores de que el ejercicio de la función depende de la confianza democrática del pueblo soberano que no es indefinida, se emplean a fondo para aprobar normas que con pinturas personalistas van a aplicarse a todos. Obviamente, parto del hecho indubitable de que las funciones políticas arrastran, como mínimo, funciones legislativas y ejecutivas y con éstas la creación de normas de diferente jerarquía que a su vez se imponen sin paliativos con el apoyo de un régimen represor que despierta la historia. En este contexto, venimos bautizando con asiduidad vergonzosas operaciones económicas ajenas al deber ser de lo ético, lo social y lo jurídico donde aparecen implicados, entre otros, autoridades y altos cargos o ex altos cargos de las diferentes administraciones públicas. Es como si a espaldas del pueblo soberano, muchos políticos se hubieran puesto de acuerdo para hacer rápida riqueza personal o asociada aprovechando el esfuerzo económico de los ciudadanos, fiscalmente responsables y perdedores de muchos de sus bienes por impagos, en muchos casos de valor ínfimo. Resulta clamorosamente bochornoso este ejercicio ilícito del cargo que comporta o, en su día, les permitió creación de Derecho con fines tan patéticos como el de inflar patrimonio personal o familiar sin dudar de usar paraísos fiscales, es decir, de los vetados – por mera imagen- en las leyes fiscales. ¿Qué dónde esta el Derecho?, pues ahí, delante de sus narices, pero ¡qué más da¡, si en la familia mandan los padres, el poder legislativo y el ejecutivo es de los políticos y mandan ellos. ¡Modificar el Derecho aplicable¡ ¿Para qué?, ahora bien, si la situación creada requiere un poquito de “opio dormidero”, modificamos algunas leyes como las fiscales para incrementar los impuestos que más afectan al conjunto del pueblo soberano, las leyes de tráfico para eludir las más elementales normas de procedimiento administrativo común con imposición de las nuevas tecnologías sin que Europa haya conseguido la necesaria gratuidad del acceso a redes, ejecutando lo que puede recurrirse y sobretodo dando la espalda a los más elementales principios del Derecho punitivo o las leyes del comercio para autorizar a que los pagos de tarjeta sufran recargos – a cargo del pueblo soberano- que se dice no se aplicaran pero que sin duda – todo es cuestión de tiempo- se aplicaran. Tenemos una realidad jurídica vacilante, muy cambiante lo que justifica su inicial invalidez, se visten las normas dormideras en verdades a medias que no son la verdadera fuente de la acción, se desdibujan derechos fundamentales como el de igualdad, asentando solo la igualdad entre iguales, no todos los procedimientos judiciales garantizan la doble instancia aun cuando puedan ventilarse normas de procedimiento, duplicamos organismos y entidades en lugar de ordenar este submundo tan caro de mantener en un marco jurídico de respeto a la competencia lógica, solidaria y responsable, se modifican normas dentro de otras normas que a veces no guardan ni relación con la materia principal, se pagan sueldos públicos según el grado de sumisión y sin atender el verdadero grado de aplicación, vocación y entrega; en definitiva si el Derecho atiende al orden justo, hoy no parece que el orden sea justo para todos. El mal uso de la responsabilidad política debe comportar responsabilidad civil, penal y económica y, entre sus consecuencias, deben estar la devolución de lo indebidamente apropiado o su equivalente en dinero, la imposibilidad de mantener a quien resulte responsable con dinero público (retirada de pensiones, prestaciones, ayudas, subvenciones, etc) y, evidentemente, la retirada de sus imágenes o sus nombres de los lugares públicos y la inhabilitación para todo tipo de empleo público o relacionado con empresas subvencionadas. Se va a pedir confianza que debe aceptarse desde el respeto a la democracia responsable pero nada impide que con alta y erguida voz, se exija la vuelta del Derecho perdido, aquel claro, sencillo, comprensible, duradero y apto para todos, justo, proporcional, económico, democrático y explicable. Todo ello con el claro fin de poder asumirlo, enseñarlo, interpretarlo i observarlo. ferranperez@ya.com
30-10-2009 Enviado por FERRAN PEREZ
30-10-2009 Enviado por FERRAN PEREZ