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ECONOMIA DE ESTADO El mismo día que el Atlético de Madrid gana, estoicamente, la denominada Liga de Europa, trasunto de la antigua UEFA, el Presidente del Gobierno de España anuncia nuevas medidas económicas con el fin de hacer frente a déficit y compromisos y deudas generadas por una crisis transfronterera mal vista y, a criterio de los expertos, mal explicada y pobremente tratada.
Dejo para los expertos en economía la explicación de la crisis del sistema financiero y cómo de ella deriva hacia la tesorería de las empresas y a los bolsillos de los ciudadanos españoles cuya población – y por tanto necesidad- se ha incrementado considerablemente en los últimos años coincidiendo con el mayor registro de inmigración que no por ello ha de ser el factor necesario de aquella. El objetivo de este trabajo es el de poner en evidencia la existencia de contradicciones, a veces simples, en la adopción de medidas que lejos de merecer el aplauso social genera descontento y promueve debate sobre la necesidad ética de saber cerrar etapas políticas mediante los medios constitucionalmente establecidos cuando no se sabe, no se puede o no se quiere mantener firmes y en su totalidad los derechos de las personas. El hecho de presidir, temporalmente, la Unión Europea conlleva un desgaste y una necesidad de ser ejemplarizante, pero tal situación no debe hacerse a toda costa y menos castigando los derechos económicos adquiridos de los funcionarios o los futuros del mismo colectivo y de los pensionistas, medida que recuerda, por cierto, otras consensuadas en determinadas empresas privadas no hace mucho tiempo. Que se aminore la inversión pública simplemente hay que justificarlo, es decir, explicar al pueblo soberano que parte de la inversión presupuestada dejará de ejecutarse. Lo mismo ocurre con el cheque-bebé por la caída del que podríamos denominar Estado generoso, siempre sin olvidar que su origen no fue otro que el de impulsar la natalidad en un país que perdía cuota y, por tanto, obtención de riqueza en la industria particular que rodea la primera etapa de vida de la persona. Ahora bien, recortar ayudas por enfermedad, pensiones y sueldos o incluso reducirlos ya no parece cosa bien meditada y jurídicamente responsable, especialmente cuando asistimos atónitos a experiencias recientes donde el dinero público es lamentablemente triste protagonista por el poco celo en su gasto; por ejemplo el pago de rescates a piratas o, en otro orden diferente, la reconversión de la Diagonal- una de las calles menos necesitada- de Barcelona. Aún cuando se trate de administraciones diferentes el dinero es público y su gasto debe ser consistentemente justificado. Por otro lado, dado el carácter equilibrado de los presupuestos, reducir gasto debería suponer reducción de ingresos (no de nueva deuda asumida, cito Grecia por ejemplo). En otro caso debemos replantearnos la definición conocida de presupuesto. Lo cierto es que con éstos temas no se juega, por ello entiendo que cuando los políticos se oponen con expresiones como “recorte de derechos”, “decisiones bajo presión internacional”, “ajuste antisocial”… lo hacen desde el convencimiento jurídico, económico y social y no como un ataque más al debilitado quehacer del Gobierno actual (canon digital, impulso sin igual del derecho sancionador, ayudas sin contrapartida a las entidades de crédito, tributos y pagos en el orden judicial, el tijerazo a sueldos y pensiones, por no hablar de las estructuras ministeriales y de la coexistencia de tantos cargos para más de lo mismo). La importancia de las medidas que deben adoptarse para hacer un frente positivo obligan a una gestión coordinada, eficaz y eficiente aprovechando los instrumentos de encuentro interestatal que ofrece nuestra legislación. No tengo el detalle del conjunto de actuaciones realizadas en este caso, pero dudo que se haya convocado una conferencia intersectorial de los responsables de economía de todas las Comunidades Autónomas para consensuar y llevar a cabo, conjuntamente, medidas sanas, propias y ordenadas. Por la oposición del partido popular a las medidas informadas en el Congreso debo interpretar que las mismas no son fruto de la reunión reciente de líderes por lo que solo nos queda ciertas llamadas telefónicas y la presión de organismos internacionales, entre ellos el FMI que hasta hace poco presidía – sin problemas- un español. Hay que analizar que pasa y quien lo provoca, si la bolsa cae para recuperase y relanzar beneficios, para nuevamente caer y subir; esta función ascensor parece perfectamente orquestada y a lo mejor hay que exigir mayor presión fiscal a quién obtiene beneficio más rápido, de tal forma que si se “juega” (y ahora se hace desde casa) a atacar una acción para reducir (comprar) e incrementar (vender) su valor algo habrá que hacer o compartir. En otro orden, si las empresas venden más y mejor en rebajas alguna consecuencia deben estar sacando que, al propio tiempo, debieran aprovechar. Si los honorarios de registro, notaria y gestores son desproporcionados para la actividad desarrollada y para el acercamiento a los productos financieros ofrecidos algo (más) hay que hacer; dicen que en algunas partes de USA los abogados son notarios. Ahora es momento de replantearnos el sostenimiento o el cambio en las estructuras decimonónicas, asumiendo, a mejor coste y en la materia que corresponda, la administración su papel. No olvido la Administración Civil. También debe cambiar, se ha de hacer útil la plurirealidad administrativa sin llegar al derrochismo económico ni al compadreo político. Las competencias del Estado en los territorios autonómicos pueden y deben ser asumidas por la administración autonómica con facultad de delegación a la administración local. No es necesario el mantenimiento de unos edificios propios cuando existen ya otros específicos de los territorios en los que se pueden desarrollar las tareas que en aquellos se desarrollan y todo ello sin perjuicio de las fórmulas de concierto y de los mecanismos de inspección e intervención (diaria si se quiere) que sea necesario desarrollar. Nuevas administraciones como nuevos órganos administrativos deben venir precedidas de la extinción de las innecesarias y del proyecto económico en que se ampare el nulo o insignificante aumento de gasto. Los ayuntamientos pequeños deben mancomunarse evitando la duplicidad de servicios cuando no se acredite su necesariedad. También parece irreprochable el hecho cierto de que, sin entrar a valorar las necesidades de servicio público actuales, se ha producido un incremento del funcionariado, a veces, da la impresión que por cumplir compromisos de ocupación desatendidos – tal vez por imposibilidad- por las empresas privadas, otras por nepotismo, otras por mera manutención del desposeído; pero de este hecho no debe responsabilizarse ni al funcionariado existente ni al pensionista ni al necesitado de una ayuda por dependencia. Hay fórmulas de contratación menos contagiosas que permiten acometer aquel fin, los contratos de refuerzo – especialmente en verano- son un buen producto que ayudando a sectores específicos puede facilitar acometer medidas de desempleo sin ligarse en exceso. En definitiva, entiendo que pueden analizarse mejores medidas para reducir el gasto administrativo, en materia de personal, que aquellas que han sido informadas al pueblo soberano como por ejemplo: a) eliminar cargos innecesarios como ciertas secretarías que compiten o concurren sin justificación con otras, b)eliminar los cargos de asesores particulares figura que parece debiera ir a cargo de los propios partidos políticos, c) eliminar la creación de cuerpos especiales a los que se accede directamente al máximo nivel de remuneración, d) eliminar los niveles de remuneración intermedios dentro de un mismo grupo (24.1, 24.2, 24.3, etc) que solo generan diferencias injustificadas, o un 24 o un 25 y punto. Evidentemente esto también afecta a la cúpula, donde dentro del nivel 30 hay dos subniveles, e) evitar que plazas reservadas a funcionarios sean ocupadas por laborales o por personas afines políticamente hablando, f) sancionar al funcionario que incumple con su horario con la reducción proporcional de sueldo, g) revisar, controlar y cuando corresponda anular aquellos complementos especiales, dietas, asistencias, etc. no previstos a las leyes de presupuestos o que deban ser objeto de nuevo análisis para evitar dobles compensaciones o la fuga de capital público a bolsillos concretos. Ahora bien, sin duda alguna, a parte del capítulo primero del presupuesto de gastos de las administraciones públicas hay otros que debieran ser analizados preferentemente y, tal vez, en el máximo y puntual control y determinación de éstos debe residir el acierto de la contención de déficit. Si la empresa gasta para obtener un beneficio, la administración que no atiende a aquel fin puede desarrollar normas para evitar que el dinero de ayudas y subvenciones ni se concentre en pocas manos, ni sea concurrente con el de otras administraciones y empresas, se exija su devolución cuando el fin no justifique otra cosa, ni se pierda por el camino con falsas compensaciones cuando haya que devolverlo porque lo que es evidente, para el pueblo, es que a ningún consumidor las entidades de crédito le conceden gratuitamente el dinero que le prestan. Por cierto, en materia de control, seria recomendable que los informes sobre las cuentas de las administraciones emitidos por el Tribunal de Cuentas o los órganos asimilables de las Comunidades Autónomas llegaran más rápido, tal vez ha llegado la hora de incorporar a los órganos de Intervención dentro de estos organismos con el fin de acelerar la incorporación en los Boletines y Diarios Oficiales de la información correspondiente al resultado del control que ejercen sobre los ingresos y los gastos públicos. El Atlético ganó la copa no sin esfuerzo, el de una temporada marcada por los cambios, la búsqueda de responsables, las dimisiones, la continua búsqueda del equipo, la presión mediática, la necesidad de ganar, etc. en metafórico sentido, confío en que la Economía de Estado también encuentre la luz recuperando la función de gobierno constitucionalmente impuesta y revisando lo acaecido en los últimos años – no necesariamente los del Gobierno actual- y llevando el debate al foro oportuno (Conferencia Sectorial) para encontrar entre todos esos excelentes profesionales las mejores soluciones para contrarestar las amenazas internas y externas sin tener que acudir, desproporcionadamente, al trabajador público y al pensionista. Solo espero haber ayudado a pensar. fperezl@inves (no autorizado el envio de publicidad).
13-05-2010 Enviado por FERRAN PEREZ
13-05-2010 Enviado por FERRAN PEREZ